SOBRE EL DERECHO AL VOTO Y SU FALSA UTILIDAD

Mtro. Miguel Ángel Parra Bedrán[1]
Estrictamente hablando si se quiere que el poder pertenezca al pueblo, es inadmisible ninguna asignación del poder fuera del pueblo.
Geovani Sartori
Introducción.

Para los lectores acuciosos el título del presente artículo puede parecer una contradicción, puesto que el ejercicio de un derecho constitucional no debe ser contradictorio con la realidad imperante. Evidentemente este es el mundo del deber ser. El derecho como ciencia social está construido en los supuestos de lo que denominamos democracia occidental, como un sistema coherente en el cual la descripción de los derechos contenidos están plenamente garantizados por la norma –a una norma existente le corresponde otra que la garantiza y la hace efectiva-. Ambas son complementarias y son constituidas como base del sistema normativo; si la segunda de las citadas no existe la primera no tiene razón de ser, en este sentido la constitución y sus derechos serían como un cuento muy bonito sin que haya posibilidades de su real y verdadera implantación en la realidad.

Es así como la democracia imperante nos ha dicho que el sistema debe funcionar. Y de hecho en muchas vertientes jurídicas así lo hace, sin embargo en otras no y este es el caso del derecho al voto, por ello el título de este trabajo es justificado a la luz de quien lo escribe.

El derecho al voto ha costado, como todos los derechos que favorecen a la ciudadanía, mucho trabajo para que en verdad sea efectivo su disfrute. En México este derecho ha tenido vigencia al menos en las leyes desde el siglo XIX[2]; todas las constituciones del México independiente lo consagraban, desde el proyecto de constitución de 1824 hasta la actual constitución de 1917, lo que quiere decir que los mexicanos decimonónicos y hasta los actuales hemos creído que el voto es pieza fundamental en la construcción del país y en la adopción del sistema democrático. Siendo rigurosos con el examen del voto como derecho podemos ver con claridad que su ejercicio nada tiene que ver con la democracia, si bien se sostiene la idea de que el voto ha sido considerado como un derecho primario, no ha sucedido lo mismo con su ejercicio y con su plena efectividad. En este sentido ha existido un férreo control del poder público a efecto de controlar, dirigir u orientar, permitir los accesos a su defensa, su promoción y en suma a su plena efectividad. En síntesis este derecho ha tenido mutaciones legales que corresponden a variadas formas políticas y económicas que han imperado en la sociedad mexicana.

El derecho de votar no es derecho fundamental

Hay que diferenciar dos planos que considero básicos: la primera es su establecimiento en las leyes, y la segunda su efectividad. El primero, tiene que ver con la consolidación del derecho en la constitución y su obligatoriedad para que así se convierta la decisión ciudadana en la base de la construcción y legitimación del poder político. El segundo tiene que ver con su plena efectividad, entendiendo por ésta la utilidad para la toma de decisiones y la formación del complejo entramado de redes políticas, sociales y económicas que inciden en la naturaleza del sistema político.

Ningún derecho ha sido una concesión graciosa del poder público, todos han sido producto de las luchas populares a efecto de que se consideren dentro de un marco legal-constitucional, esta ha sido y es la lucha permanente de los derechos fundamentales aún cuando el derecho al voto aún no lo es en nuestro país.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que los derechos políticos no son derechos fundamentales o humanos, esta situación absurda es reflejo no de un sistema jurídico en especial sino de la interpretación acomodaticia que de el se hace. Es sabido el hecho de que los derechos fundamentales o humanos tienen un reconocimiento en la constitución federal y existen dos maneras para defenderlos del abuso de la autoridad, uno es el sistema jurisdiccional y el otro es el administrativo a través de las Comisiones de derechos humanos del país; pero el derecho político al voto como parte de los derechos políticos no puede ser impugnado por la vía administrativa sino sólo por la jurisdiccional, esta situación sitúa a esta clase de derechos en una situación especial, por una lado fuera de los derechos humanos, y por la otra dentro de un régimen especializado. Lo mismo sucede con los derechos laborales.

Es acomodaticio el hecho de asegurar, como se ha asegurado tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por la Corte, de que los derechos políticos no son “humanos” en razón a esa especialización en la cual existen leyes y procedimientos específicos para su defensa. Podría parecer lógico este supuesto porque sí existen maneras jurídicas para hacerlos valer, más no lo es tanto en razón de que la protección de derechos políticos es parcializada a sólo una parte del sistema jurídico: el jurisdiccional. Y en tanto no puede construirse al menos en la teoría dogmática del derecho una idea de los derechos humanos completa, al no estar ahí los derechos políticos que son básicos para el advenimiento, desarrollo o complementación de la democracia.
No puede entenderse a un régimen democrático sin la consideración de que los derechos políticos no son derechos fundamentales, aquí preguntaríamos ¿si no son derechos humanos a que tipo de derechos corresponden? La validez de esta pregunta estriba en el sentido de que los derechos humanos son la piedra angular, como ya se ha indicado, de la construcción democrática del régimen jurídico expresado en la constitución, por lo tanto, una constitución que no establezca a los derechos políticos como derechos humanos queda trunca en su concepción democrática. ¿Es esto conveniente para el sistema jurídico y político? Para el jurídico claro que no, ya estoy sosteniendo el punto de vista de que los derechos humanos es un concepto integral, de que el sistema jurídico no puede ser democrático si no hay una concepción integral y definitoria de estos derechos. Por lo que toca al sistema político –aquí entenderemos como sistema político a las redes de poder-, es muy probable que sí sea conveniente. El hecho de apartar a los derechos políticos, el voto entre ellos, en un sistema de defensa diverso al de los demás derechos humanos supone que para los intereses del poder político esto no es conveniente ya que nadie puede alegar que le han conculcado sus derechos humanos en la vertiente política si el Estado o en su caso los actores políticos transgreden algún derecho consignado en las leyes electorales. También se ha sostenido –y alguna vez lo creí como cierto-, que no es conveniente que las Comisiones de derechos humanos conozcan de asuntos a violaciones de derechos políticos, ya ello supone la politización de dichas Comisiones y ello “desnaturalizaría” su trabajo en defensa de otros derechos fundamentales. Obvio decir que esta postura es absurda e incoherente ya que, en primer lugar, toda tarea de las Comisiones es política tomando en cuenta que la defensa de los derechos implica un “enfrentamiento” por así decirlo con las instituciones del Estado, por lo tanto tomando en cuenta las experiencias en la defensa de los derechos adoptada por las Comisiones se ha visto que en los procedimientos para llegar a la verdad sí existe dicho enfrentamiento y de ello los medios han dado plena constancia, sólo recordemos los hechos suscitados por la matanza de Aguas Blancas, de la cual resultó una evidente contradicción de intereses entre los defensores institucionalizados de derechos y el Estado.

El derecho al voto, pues, no es un derecho humano para la doctrina jurídica mexicana pero para el ciudadano común sí lo es. El voto con el paso del tiempo ha adquirido una importancia notable en la conciencia popular. Tan es así que muchos eventos en la historia mexicana tienen que ver con su uso y la creencia de que es el medio idóneo para la transformación radical de la sociedad.

Derecho al voto, soberanía, democracia y representación

Esta postura se significa a través de la idea de la soberanía popular. Las democracias occidentales fundan su ideología de supervivencia política en la idea de la soberanía popular en la cual la base (el pueblo) es el centro de las decisiones más importantes de quienes estén en el vértice (poderes legalmente establecidos). La soberanía en el mundo liberal ha representado la justificación para el derrumbamiento del viejo régimen –específicamente los sistemas de gobiernos absolutistas y autocráticos-. La soberanía supone que el poder es del pueblo que él decide el rumbo, que es el factótum para la supervivencia del Estado moderno y democrático; la idea democrática es inconcebible sin la soberanía popular, así lo consagra la constitución mexicana y así hemos aprendido a razonar respecto al proceder de la actuación de las instituciones públicas. Sin embargo esa soberanía popular que se debe entender en su sentido primario como el poder del pueblo, no lo es tanto cuando por necesidades lógicas hemos adoptado la idea de la representación. Es decir, la soberanía en su sentido más estricto no existe, no puede darse por ser prácticamente imposible. Imaginémonos que para la solución de un determinado problema tengamos que consultar a todos los ciudadanos del país, esto sería imposible y de hacerlo el proceder del gobierno sería paquidérmico, por ello la institución de la representación juega en las democracias liberales un papel definitorio.

En virtud de lo anterior habría que diferenciar a la soberanía de la democracia o en su caso, equipararlas en cuanto a los fines que persiguen. Si bien la soberanía popular en su sentido primario es el poder del pueblo, la democracia también lo es. El signo que las diferencia y que a la vez los une es que la democracia es la forma del cómo se ejercerá ese poder, dejando a la soberanía sólo la sustancia. La democracia tendrá que vérselas con los procedimientos específicos para lograr que en la realidad el pueblo sea quien detente el poder político y haga realidad la felicidad social a través de las acciones que los gobiernos lleven a cabo.

Nótese que en muchas ocasiones se habla de la democracia como un propósito deliberado de los gobiernos, los políticos se refieren a ella con extrema ligereza a grado tal de que como bien dice Sartori se insulta a la democracia con el uso de su propio nombre[3]. Sartori en este sentido señala con agudeza que no porque un sistema se auto designe como democrático signifique que en realidad lo sea. La declaración de democracia en una constitución y por ende de un sistema político-jurídico, tiene que ver no sólo con su auto designación sino con la congruencia del cómo va a funcionar para hacer posible el poder del pueblo, y sea él quien determine el rumbo a seguir; si el rumbo lo establece un grupo selecto o una sola persona el régimen aún cuando se diga democrático será autocrático. De esta manera la democracia puede confundirse con la autocracia, y se logra esto cuando la demagogia permea en el discurso jurídico-político haciendo creer que el sistema es democrático cuando en realidad no lo es. Y no lo será cuando, como lo he sostenido líneas arriba, el poder no lo ejerza el pueblo sino que son otros los que lo detentan y actúan bajo lineamientos conductuales diversos a los intereses sociales. En muchas ocasiones, para ejemplificar el caso, hemos sido testigos de protestas sociales a efecto de que los gobernantes tomen una determinada decisión respecto a un problema que afecta al conjunto ciudadano o a una parte de el. La protesta social es una manera de intuir que la acción de gobierno no es la adecuada, que el ciudadano no se siente representado y que, en consecuencia el representante no está tomando las medidas que en realidad interesan al verdadero soberano. El representante o funcionario público alega, y así lo hace en la mayoría de las veces, que el ciudadano ya ejerció el voto, que hasta ahí termina su función soberana y comienza la del representante. Confunden estos a la representación política con la soberanía, en esto no estoy de acuerdo en que la soberanía sea materia de transfusión por funciones, es decir, que como el pueblo no puede ejercer la soberanía sólo se limita a votar y al hacerlo permite que el electo adopte la calidad de soberano, quedando aquél con un palmo de narices viendo como hacen uso indebido de su poder. Aceptar esto es negar el postulado constitucional de que la soberanía recae en el pueblo, paradigma político del sistema liberal y base ideológica de todo sistema que se auto nombre democrático.

Si el ciudadano sólo se limita a ejercer el derecho de voto sin que haya actos posteriores para limitar, controlar, supervisar y revocar las decisiones de los representantes entonces el sistema que soporta al voto no será nada democrático, puesto que lo fundamental que es el control de los actos del representante no depende de los votantes o representantes. La carencia de controles hará y de hecho hace que las decisiones de quienes están en el vértice del sistema político sean unilaterales y, de hecho, sin beneficio para los que están en la base. Un sistema con tal característica nada tiene de democrático; si bien hay libertad de voto esa libertad es nula para los controles del poder. Así las cosas esa libertad al voto que tanto se pregona por el liberalismo democrático queda severamente cuestionado, será sólo una libertad condicionada a la mera emisión del sufragio dejando en plena discrecionalidad a los electos de hacer cosas que pudieran incluso estar en contra de los representados. Por eso, sostengo que el derecho al voto en un sistema como el nuestro nada tiene de democrático (aunque lo votos se cuenten bien), porque el sistema de representación no es tal. Considero que habría que buscar un nuevo término que sustituya al de representación. Este, proviene del derecho privado y se significa por una relación jurídica entre el representante o mandatario y el representado o mandante, en el cual éste ordena a aquél la realización de ciertos actos o negocios jurídicos y está sometido, en caso de no hacer lo que se le ordena, a un sistema de responsabilidades que en el caso del orden político no existe, por lo tanto el concepto se desnaturaliza completamente por la ausencia de controles.
El derecho al voto acorde con lo sostenido tiene limitaciones severas en el sistema político liberal que hemos adoptado, a saber: no es un derecho humano, no corresponde de manera integral al concepto de soberanía que establece la constitución, es mentira que sea la base para el establecimiento de un sistema de representación y por lo tanto su utilidad queda en entredicho, y en consecuencia no podemos inscribirlo en los términos en que está diseñado como un elemento para la democracia ya que la voluntad del pueblo sólo se expresa en un solo acto que llamamos sufragio y ahí acaba su participación.

Elecciones intermedias 2009 y el voto blanco

Para terminar con este tema pondré a su consideración un hecho que está presente en la sociedad mexicana actual previa a las elecciones intermedias de 2009. Este tema tiene que ver con la utilidad del voto. ¿Qué tal útil considera la sociedad ejercer el derecho al voto en un sistema que está en una de las crisis políticas más severas de las últimas décadas? Veamos.
El sistema jurídico-político mexicano está en crisis y nadie lo puede negar. La política práctica derivada de la ausencia de una representación efectiva en los términos que la hemos planteado, ha abusado de su discrecionalidad y de la fuerza que el derecho le concede para no hacer lo que deberá hacer si el sistema fuese en efecto democrático. Esto ha traído como consecuencia una serie de eventos que lastiman el orden social y trastocan la vida ciudadana que espera de sus gobernantes un verdadero compromiso.

Como he dicho al inicio de este trabajo el voto ha sido piedra angular de lo llamamos democracia y de la legitimación del poder público. Pero este poder público desde el pretérito ha sido duramente cuestionado por su proceder, la crítica social se ha desarrollado casi desde el desamparo en razón de que las leyes poco hacen para limitar y controlar ese abuso. La corrupción, sobre todo, es la característica más visible de un sistema, el nuestro, el cual carece de dichos controles. La historia política mexicana se desenvuelve desde el pasado en el abuso de poder y la corrupción. En alguna ocasión en la segunda década del siglo XX, Álvaro Obregón siendo presidente del país dijo una frase que bien describe al sistema de aquellos años “mientras más matas, más gobiernas”. Lo que vine a ser un signo evidente de la carencia de controles al poder y de la posibilidad de sancionar a quienes lo detentan por su mal uso.

El sistema corporativo emanado del PRI y amparado por la nueva clase política conservadora y neoliberal nada hizo para abatir los niveles de corrupción. En los tiempos pasados y en el presente prácticamente ser funcionario público es adquirir una aureola de impunidad. Los juicios de responsabilidad a servidores públicos si bien existen, prácticamente son obsoletos, lentos y con demasiadas lagunas para poder someter al imperio de la ley a quien o quienes violen la ley.
El funcionario actual, del partido que sea, al no responder ante la ley y mucho menos ante quienes lo eligieron y ante quienes no, hace del ejercicio del poder un feudo de índole patrimonialista el cual no desea dejar y para ello se une con quien sea para lograrlo. En este sentido, la política mexicana ha perdido identidad. Al menos en el pasado las líneas divisorias entre la derecha y la izquierda estaban bien definidas, se sabía quienes eran sus seguidores y el discurso política alababa sus posturas y las defendía con vehemencia. El PRI era el partido de la revolución mexicana, modelador de las instituciones, ideológicamente comprometido con las causas sociales y respetuoso de la lucha de clases, la cual reconocía y trataba de unir en un solo partido, cosa que un periodo lo logró. La derecha siempre unificada principalmente en el PAN, luchaba en contra de todo eso poniéndose de lado del capital y alabando siempre la libertad sobre la igualdad, considerando que así es como se logra la democracia. Al fraccionarse el PRI con el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y crearse el PRD como unión casi definitoria de la izquierda, se pensó que la política mexicana había adquirido una nueva dimensionalidad y que la lucha ideológica estaba completa por una tríade de partidos con contenidos diversos y propósitos definidos.

Sin embargo esto no fue así. La crisis de los partidos políticos poco a poco empezó a profundizarse cada vez más, esa crisis, no fue, en parte, por una lucha ideológica que todos supondríamos lógica y natural sino por no conseguir las individualidades espacios de poder. Todos se involucraron en este proceso el cual trajo como resultado el nacimiento de facciones dentro de los partidos con liderazgos discutibles con el fin deliberado de mantenerse en el poder público y generar complicidades para los miembros de la facción. Los desmembramientos no se hicieron esperar.
Hoy, vemos con asombro como políticos pasan de un partido a otro y a otro con soberano desparpajo ante la mirada atónita de los ciudadanos. El compromiso partidista se ha perdido, la lucha ideológica ya ni se discute, los programas de partido sólo sirven para registrar las plataformas electorales y cumplir con una formalidad jurídica. Hoy vemos como los hijos de los políticos de antaño se postulan amparados en la influencia de facción de sus padres, se combina el dinosaurio con el bebesaurio, un resultado mortal para los intereses ciudadanos, porque ni unos ni otros han sido efectivos a la hora de presentar resultados ante los electores y la sociedad en general. Hoy el caudillismo neoliberal está presente en todos los partidos los que, sólo tienen como fin fundamental la conservación del poder, así sea éste minúsculo. Hoy se postulan candidatos evidentemente incompetentes, ignorantes de las funciones y obligaciones que les esperan en caso de ganar –alguno tendrá que hacerlo-. Hoy vemos como los medios de comunicación sólo se preocupan por las encuestas y hacen especulaciones acerca de que partido tendrá la mayoría en la Cámara de diputados sin que analice de fondo a las personas que podrán hacerlo y la capacidad que presuntamente tienen para resolver los grandes problemas nacionales. Y mientras esto pasa el país se derrumba a pasos agigantados en una crisis económica de enormes proporciones, en una crisis de seguridad pública que alarma al más pintado, en una crisis moral que provoca la pérdida de valores, en una crisis educativa inmensa; en general, en una crisis nacional mayúscula de la cual no se sabe a ciencia cierta cual será final resultado.
Ante ello los ciudadanos de muchos lugares de este México están considerando no ir a las urnas o anular su voto. Es una rebelión ciudadana que debe considerarse con seriedad. El ciudadano ya no ve en el voto la solución a sus problemas, la desconfianza a los partidos, a los políticos y a la política en general puede poner en crisis a las instituciones emanadas del sistema liberal mexicano. En las encuestas más optimistas el abstencionismo rondará por el 55%, en las pesimistas hasta el 70%.

Los políticos y las instituciones promotoras del voto, entre ellas el IFE, lanzarán una campaña para inducir al voto, la preocupación es alarmante ante la evidente falta de creencia popular en los comicios. Llegue quien llegue los problemas seguirán ahí y nadie será capaz de resolverlos; el ciudadano no se siente representado por eso muchos no irá a votar, el voto blanco[4] parece que toma carta de naturalización en México, es hora de pensar en otro sistema que nos garantice que el ciudadano participe, controle y sancione a sus representantes si seguimos bajo la misma fórmula la crisis se acrecentará y no habrá nadie que la detenga.







[1] Catedrático-investigador de la Unidad Académica de Derecho de la UAG
[2] Sólo los varones podían votar. El derecho al voto a la mujer se constitucionaliza en el año de 1953, por lo que bien podemos decir que el derecho integral al voto es relativamente nuevo.
[3] Véase Sartori, Geovani, Aspectos de la Democracia. Edit., Limusa Wiley S.A, México, 1995, p. 23
[4] El voto blanco existe en varios países de América Latina, y consiste en que en la boleta electoral hay un espacio en blanco, si el ciudadano no desea votar por alguno de los candidatos registrados cruza la casilla que está en blanco, ese voto cuenta como voto blanco y en caso de que éste sea mayoría puede significar una segunda vuelta electoral. Este sistema no se ha adoptado en México, acá nos obligan a votar por un candidato, si el votante anula su voto, cuanta como nulo, es decir no tiene ningún efecto en la elección. Llamamos voto blanco al hecho de no ir a votar o nulificar el voto.