domingo, 23 de diciembre de 2007

La Honestidad

No dudo que existan abogados honestos, es más, creo que la mayoría lo somos. La honestidad es la principal virtud que debemos tener, sin embargo, esta virtud no es aprendida en las escuelas o facultades de Derecho, sino, que es experimentada como vivencia humana en otros ámbitos de la vida social, sobre todo en la familia.
Todavía estoy de acuerdo con la tesis de que la familia nuclear es la organización social por excelencia en la cual el género humano o se hace virtuoso o criminal. Ahí el ser social aprende la honestidad sobre todo con el ejemplo. Este, el ejemplo, es la mejor manera de conocer la honestidad.
En una ocasión, recuerdo que mi padre me dijo que la mejor herencia que podía darme es la honradez, y en efecto, tiene razón. Mi padre siempre ha sido un hombre honesto y esta honestidad la ha traducido en una forma de vida que irradia a todos los miembros de la familia y es más, a todas las personas que han tenido el gusto de conocerlo. Su presencia social, el buen decir de todos a su referencia se basa de sobremanera en su honesta forma de vida, por ello ha sido un vívido ejemplo de vida, de lo que debe ser.
Cómo abogado litigante en más de una ocasión los léperos juristas de pueblo trataron de sobornarlo; en más de una ocasión como profesor universitario alumnos le insinuaron soborno por calificaciones, obviamente fallaron en su intento; cómo servidor público del Estado, en la magistratura estatal, otra vez los léperos intentaron revocar su férrea conciencia honesta, por supuesto que también fallaron; algunos de sus mal llamados amigos en ocasiones trataron de desviarlo por el camino honesto, también fracasaron. Todos ellos se enfrentaron y estrellaron en incólume roca, con una voluntad férrea que tiene por virtud la honestidad como forma principal de vida.
Como él existen en nuestro México millones de mujeres y hombres, los que día a día laboran arduamente en sus diversas actividades diarias, y sin embargo la honestidad hoy día es una virtud venida a menos, y para las profesiones jurídicas parece un estorbo, por no decir que en todas. Si bien he dicho que la honestidad es aprendida en el núcleo familiar, es obvio que la honestidad de mi padre fue herencia-cultural de los suyos, y que, la de él es efectivamente transmitida. Si esta tesis es totalmente cierta, entonces tendríamos que el ser honesto y transmitirlo a los descendientes por la vía del ejemplo garantizaría la práctica honesta en todos ellos, y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos. Pero hay algo que anda mal, esta tesis no necesariamente es ley social, pro eso digo que es sólo una tesis.
¿Entonces porqué hay humanos deshonestos? Si bien el ejemplo es generador de honestidad, no lo es todo. Recordemos que vivimos en entornos sociales multifacéticos y que las relaciones con los demás son cada vez más intensas, que los medios de comunicación y la tecnología esta más presente en nuestras vidas. Recordemos que el ayer es cosa del pasado y que el presente es tan diferente que es casi imposible retornar a estadios de vida que ya cumplieron bien o mal su ciclo. Recordemos que las necesidades humanas por al vida se han hecho más difíciles de obtener y que la ambición por poseer medios materiales es intensísima. En suma el mundo rueda y cada giro provocan nuevas transformaciones en el hacer humano.
Sí, los cambios sociales a lo largo de la historia transforman la vida social, el pensamiento, las actitudes y los valores. El cambio es dialéctica pura mal haríamos en pretender vivir en sociedades estáticas, que no aceptan cambios y transformaciones, las que, muchas de ellas benefician nuestro entorno. ¿Pero todo debe cambiar? ¿El valor de la virtud de la honestidad permite cambios?
No. Si bien los cambios, la dinámica es portadora de progreso y desarrollo social, esta tiene un basamento moral. Nada en la vida social tiene sustento sino hay como cimiento valores que le den fuerza. Si bien el pasado es un ciclo de vida diferente no necesariamente debe quedar en el olvido; en el olvido quedan los hechos intrascendentes, lo que no vale la pena recordar porque no nos dejó nada para aprender. El pasado histórico es tan presente como el día de hoy, recordemos el pasado como realidad vivificante como dato del espíritu humano que se lanza a la trascendencia de la vida para forjar ejemplos y construir caminos de esperanza. En este sentido, el pasado es un modelo constructor del presente, es la síntesis ampliada de lo que como seres humanos hemos experimentado a lo largo de los siglos. Pasado y presente se funden en una sola idea, la idea del hoy y de lo que somos.
Y hoy somos producto del pasado y éste nos lego una serie de valores que probadamente han sido benéficos para el progreso humano, entre ellos la honestidad. Este valor supremo para el bien vivir nos prueba que el ser social al ponerlo en práctica se redimensiona como humano, tanto en su espíritu como en sus relaciones con los demás. No sólo esa redimensionalidad es o corresponde a un fenómeno individualizado; en su aspecto social, como conjunto de voluntades honestas, la sociedad progresa en diversos aspectos de la vida, más bien en todos.
Si la honestidad es generadora de progreso individual y social ¿Porqué su práctica está en crisis? ¿Qué ha pasado? Si bien la honestidad como valor ha sido de una herencia cultural de antaño, no quiere decir esto que todas las sociedades pretéritas han sido cabalmente honestas. Como la cara de Jano al lado de la honestidad está su contrario, así como lo contrario del bien es el mal o lo contrario de la luz la obscuridad. Esto no quiere decir que justifico la deshonestidad como necesaria condición humana, quien así lo crea puede decir con facilidad que el ser humano no es perfecto y con ello poder justificar actitudes atroces. No, no es este el punto aún cuando reconozco la imperfectibilidad humana. La cuestión estriba en que la conducta deshonesta predomina no como práctica de todos, sino como ha sido revalorada en nuestros días. Tal parece que la modernidad incide en la modificación de conceptos no tanto en el rompimiento de su fin, sino, su acomodamiento a hechos novedosos ante el surgimiento de mayores necesidades materiales. Cito un ejemplo: para vivir dignamente no importan los medios para obtener esa dignidad o apariencia de dignidad, si tengo que ser deshonesto lo soy, si éste valor me impide obtener lo que el mundo material ofrece, violo su fin, al fin y al cabo la vida digna o más bien la apariencia de dignidad, es un contravalor con mayor primacía.
Quien piense así, y conste que no son pocos, pero tampoco la mayoría, otorgan valor supremo a los valores esenciales de la vida, pero en aras de poseer bienes materiales van en pos de conductas que nada tienen con el modo honesto de vivir. Se cree en lo bueno, se acepta, pero la conducta se dirige hacia otro rumbo.
El sentido de prosperidad, la vanidad, el poder, el egoísmo, el afán de sobresalir de cualquier modo, son algunos de los traumas sociales que inciden en la desviación consiente de la conducta. Todos ellos son generados por el sistema de vida actual que procura su promoción sin importar las consecuencias. Hoy la gente califica al éxito en razón de la posesión de bienes y no de conocimientos; y es tan grande este sentido de poseer que incluso el propio conocimiento es considerado como un bien susceptible de valoración económica. A la juventud se le incide al estudio no para mejorar las habilidades y ser mejor moralmente, sino para que en el futuro mediato pueda acceder a la posesión de bienes. El sentido de la vida cambia, pasa de ser de moralmente digna a económicamente poderosa; no importa la sabiduría moral, importa la acumulación, esta determinará que tan alto es el prestigio. A contrario sensu, la pobreza no es carencia de bienes y medios materiales, es más bien la ignorancia moral aún cuando los bienes sean suficientes.
Si bien como he sostenido la honestidad es una experiencia de vida que se basa en el modo o manera de actuar social, también es necesario reconocer que es parte del proceso educativo formador del espíritu humano; así como en la familia se enseña a ser honesto, también debería de hacerse en los centros de educación institucionalizados. Pero la educación puede no ser suficiente, por ello es indispensable que el proceder deshonesto se castigue.
El Derecho que es el mínimo de ética, es decir, su contenido posee lo mínimo éticamente aceptable para una sociedad que en sus diversas relaciones puede y debe tener una mayor concentración de conductas éticas, establece en sus normas o reglas una serie de penas o sanciones para quien procede de manera contraria a sus supuestos. Quien viola, quien mata, etc. Aquellos que cometen estos y otros delitos son merecedores previo procedimiento, de una sanción. Pero el Derecho sólo se ocupa de una pequeña parte del acontecer social en materia de conductas, las demás entran al campo o influencia de la moral y esta es incoercible, carece de sanciones semejantes a las jurídicas.
El Derecho bien forma parte del proceso educativo de la nación. El conocer las normas jurídicas no sólo es una obligación de todos los ciudadanos, sino que su conocimiento y puesta en práctica en niveles aceptables hará que el modo honesto de vida sea posible, no por miedo a la sanción, sino como un acto consiente de la voluntad.
Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que dentro de los Estados- Nación, la sociedad está fragmentada. Esta fragmentación origina el reconocimiento de diversos derechos específicos. Las minorías sólo lo son en cuanto a que el Derecho les reconoce una determinada situación concreta y les concede privilegios jurídicos con el único propósito de igualarlos al resto del tejido social. Los derechos en este sentido, cada vez más se particularizan para el logro de objetivos comunes como lo es, sobre todo, la igualdad entre todos. Este proceder jurídico aún con sus ambivalencias e incomprensiones tiende a la justicia comunitaria, para todos sin excepción; es así el proceder normativo un elemento educativo que bien puede formar al género humano dentro de los valores universales y darles sentido para convertirse, en caso de aplicarse a cabalidad en un facto poderoso para incidir en la práctica benéfica de la honestidad.
La honestidad se forma y es real pero como producto de procesos sociales bien concretos, a saber: el ejemplo, la experiencia de vida, el reconocimiento y validez de los valores, el Derecho y la educación como proceso integrador, como el summum de todo el quehacer humano. Por ello, es indispensable que como entes emancipados tomemos conciencia de esta condición, sólo en la libertad podremos incidir en la honestidad, erradicando a su peor enemigo: la ignorancia moral.

viernes, 7 de diciembre de 2007

La Corrupción

Indudablemente que las cosas no están marchando bien en este país. Tal parece que no podemos salir del atolladero en el que estamos inmersos desde hace muchas décadas. La crisis política de los últimos años está haciendo mella en las instituciones de gobierno y de paso está mermando cada vez más la confianza ciudadana. Hoy el ciudadano se siente solo por ello avala en silencio o a viva voz las conductas éticas pero en la práctica va en pos de lo que puede salvarlo aunque esto implique actos de corrupción; el ciudadano ya no puede con el peso de los errores de quienes nos gobiernan, la corrupción es el pan de cada día y por más que el gobierno trate de luchar contra ella, nadie le cree porque se nota que esta es el modus vivendi de los servidores públicos.
Uno de los grandes problemas de la corrupción es que es aprendida como conducta y es imitada para justificar la acción social. Cuantas personas, por ejemplo, cometen actos de corrupción, por menores que sean y a la hora de valorar su conducta se justifican pensando que si quien lo gobierna lo hace porqué él no. La corrupción es cultura bajo la premisa anterior, y la cultura educa, en este caso no para bien, aunque el acto se trate de justificar en atención a necesidades que el Estado no puede atender.
Pero ¿qué es la corrupción? ¿Cómo podemos definirla para así identificar lo que es y lo que no es? Gianfranco Pasquino señala que: “Se designa así al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa […] Se pueden señalar tres tipos de corrupción: la práctica del cohecho […] el nepotismo[…] y el peculado[…]” (Bobbio, Matteucci, Pasquino. Diccionario de Política; 1991:337).
¿Porqué los funcionarios públicos son impulsados a actuar en contra de la ley? No basta saber que el acto de corrupción se ha cometido, este conocimiento servirá para fincar responsabilidades y llevar al infractor muy posiblemente a la cárcel; lo que importa también y de sobremanera es encontrar la causa o causas por las cuales se cometió un acto de corrupción.
Si usted amigo lector, transita por una avenida en su automóvil y se pasa un alto, lo más seguro es que un agente de tránsito trate de imponerle una multa. Para no pagarla, es posible que trate de cohecharlo mediante el pago (indebido) de una cierta cantidad de dinero. Si el agente acepta el cohecho o si él le pide dinero y usted se lo da para no levantar la multa, habrá participado en un acto de corrupción. Su justificación versaría en el ahorro de tiempo y de dinero y en que ya es una costumbre el que se de dinero a un funcionario para evitar una multa o agilizar un procedimiento. En este sencillo caso el acto de corrupción se justifica en razón de que nadie sale perjudicado, se ahorra tiempo, dinero y de que además es una costumbre.
Entonces encontramos ya un elemento que nos impulsa a actuar de manera distinta a lo dispuesto por las leyes; estas pasan a segundo término, está bien lo que dicen pero prefiero cohechar porque así me ahorro un esfuerzo y dinero considerable, es práctica común aceptada por la gran mayoría.
Y ¿por qué es una práctica de la mayoría de las personas que provocan esa situación? ¿Por qué imitamos el acto de corrupción a sabiendas que está prohibido por la ley? Creo que una de tantas explicaciones válidas estriba en la práctica cultural. La cultura es aprendida ya sea a través de medios institucionalizados (la escuela) o por medio del uso cotidiano de la práctica. ¿Y porqué sucede esto? Porque esa práctica ha sido solapada desde el poder. Porque desde el pretérito quienes han estado en el hicieron poco caso a esa práctica y no la sancionaron, dejaron que sucediera como si fuese una conducta normal.
Si estoy en lo cierto, en que desde el poder se ha permito, solapado y ocultado los actos de corrupción cometidos por los funcionarios, entonces la mayor parte de la culpa de que vivamos en un país corrupto lo tienen quienes han estado a cargo del poder. Esto no significa que el ciudadano de la calle que cometa estos actos no sea culpable, sí lo es, pero su conducta lo será en menor grado porque la práctica corruptiva ha sido dada desde el poder a través de la costumbre, y la costumbre educa. No es una excusa, pero no deja de ser cierta esta tesis.
¿Cómo acabar con la corrupción? Este sí que es un planteamiento. No creo que la corrupción vaya a acabar definitivamente, pero sí podemos disminuir sus efectos y su recurrencia. La única manera que veo posible a futuro es la construcción de nuevos ciudadanos libres; generar para el futuro generaciones de mexicanos comprometidos con un proyecto nacional y con un proyecto de vida personal que incluya el respeto a la ley como una condición de vida; una generación de gobernantes lúcidos que trabajen en aras del bien público y la paz; que traten de salvaguardar los derechos humanos y de abatir las desigualdades sociales y económicas. Todo esto y más puede hacerse si modificamos nuestro sistema educativo e impulsamos al poder no a los políticos tradicionales sino a los hombres y mujeres de verdadera valía, que hay muchos en México. En síntesis, necesitamos actuar de manera diferente a como lo venimos haciendo, no viéndonos los pies a la hora de tomar decisiones públicas y privadas trascendentales sino mirar al horizonte. Es difícil, hay que vencer obstáculos, pero no imposible.
Es importante que desde ahora empecemos ese cambio de actitud, una primera vía es el conocimiento de nuestros derechos, es penoso que sólo el 53% de los mexicanos diga que no conoce sus derechos en caso de detenciones arbitrarias (www.consultaciudadana.com.mx), es penoso que el día que menos recuerdan los mexicanos es el del aniversario de la constitución; es penoso que el 43.9 de los encuestados diga que participó en un acto de corrupción en caso de auto robado(www.transparenciamexicana.org.mx); es penoso que la cultura de los derechos protegidos por la constitución esté por los suelos, cuando el respeto a ley debe ser precisamente uno de los puntos básicos en el combate a la corrupción. Es penoso que se diga que vivimos en democracia cuando sabemos que las instituciones de justicia permiten que proxenetas y pederastas no sean castigados por actos de corrupción.

sábado, 25 de agosto de 2007

escritos jurídicos y otros: La reforma del Estado en Guerrero 1

escritos jurídicos y otros: La reforma del Estado en Guerrero 1

escritos jurídicos y otros: IDEAS PARA UNA REFORMA A LA CODDEEHUM

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escritos jurídicos y otros: LAS CORTES DE CÁDIZ

escritos jurídicos y otros: LAS CORTES DE CÁDIZ

LAS CORTES DE CÁDIZ

(Imagen: de la croix. Libertad)

LAS CORTES DE CÁDIZ

La primera constitución española y para la nueva España y demás territorios peninsulares en el mundo, fue la constitución de Cádiz de 1812. ¿cómo recibieron los españoles una constitución liberal siendo que jamás habían experimentado régimen diferente que el monárquico? La verdad es que esta constitución se interpretó como un gesto de buena voluntad del gobierno provisional para restaurar a Fernando VII. Este texto constitucional fue conocido vulgarmente como "la pepa" por haber sido aprobado en el día de San José. Bajo esta constitución los españoles por vez primera se organizaban desde principios constitucionales, pese a los intentos reformistas de Carlos III, intentos detenidos por su hijo y descendiente al trono Carlos IV.

Cádiz fue un lugar idóneo porque si bien es cierto la ciudad estaba asediada, pero era un próspero lugar comercial y estaba en manos de la burguesía ilustrada. Además la isla de León era un triángulo de tierra prácticamente inexpugnable. Aún así se se ordenaron disposiciones defensivas y fue posible la instalación de las cortes.

El primer problema legal que se le había presentado a la Junta Central fue la propia convocatoria a Cortes Extraordinarias y Constituyentes. En las antiguas Cortes estamentales sólo al rey le competía convocarlas y presidirlas, ante la ausencia de Fernando VII no hubo más solución que disolver la Junta Central y constituir una regencia que actuara en nombre del monarca, que fue quien la que hizo la convocatoria, pudiendo participar los varones mayores de 25 años residentes en el territorio peninsular como en la colonias asiáticas o americanas. El voto sería público y los electores escogerían representantes por distritos o municipios libres del dominio napoleónico.

En septiembre de 1810 se inauguraron las sesiones bajo la presencia del diputado Ramón Lázaro de Dou. En las sesiones hubo tres corrientes de opinión: los conservadores, que eran enemigos de toda reforma política y enemigos decididos de la revolución francesa, su presencia en Cadiz obedeció más a la decidida voluntad de mantener viva la legalidad previa a la guerra con Francia que a su interés por cambiar aspecto alguno de la normatividad política. Los renovadores, quienes apoyaban una reforma moderada que sostuviera económicamente en la liberalización de la estructura rural; se mostraban partidarios de limitarla para evitar cualquier tipo de despotismo ministerial. Los innovadores, que fueron los grandes triunfadores de las cortes e impusieron su criterio, defendían la soberanía popular, la división de poderes y la aprobación de una ley que respaldara la libertad de pensamiento.

Una vez proclamada la soberanía popular y aprobada la división de poderes, las Cortes se dispusieron a discutir y establecer el articulado conjugando por una parte la tradición secular española y por la otra las aportaciones ideológicas de la revolución francesa. Establecieron que la religión católica pasaba a ser el único credo oficialmente reconocido; se proclamaba la libertad de prensa; se establecía un sistema de monarquía parlamentaria en que el poder legislativo residía en una sola cámara, el sufragio era universal indirecto y se contemplaba la independencia de los tribunales de justicia. En cuanto a la administración en general, se optó por el centralismo característico del sistema liberal.

Las Cortes de Cadiz se propusieron la tarea de configurar una nueva sociedad en la que los principios teóricos de libertad, igualdad y propiedad fueran el eje fundamental de las relaciones sociales. En paralelo a la labor constituyente se promulgó la ley de Señoríos, que determinó la supresión del régimen señorial. Además suprimieron el Tribunal del Santo Oficio y crearon una nueva estructura tributaria, con la que se establecía la libertad de cultivos, venta y arrendamiento de los terrenos cultivables y se determinaba la libertad de establecer industrias sin ningún tipo de licencias.

La última sesión de las Cortes fue en septiembre de 1813 y se convocaron de inmediato Cortes ordinarias, inaugurándose éstas el 1 de octubre de 1812 en la iglesia de San Felipe de Cádiz. Al tiempo el país se pacificó y se acordó regresar a Madrid donde se emprendieron las sesiones en el teatro de los Caños del Peral, allí se cerró la primera legislatura y se inauguró la siguiente en espera de Fernando VII desde su exilio francés. Tras firmar el Tratado de Valencay Fernando VII regresó a España y promulgó un decreto que derogaba la Constitución y la legalidad establecida en tiempos de guerra. La entronización de Fernando VII sirvió para que a partir de entonces, se abriera en España una lucha entre constitucionalistas y absolutistas que sólo mediado el siglo XIX acabaría definitivamente con la estructura del antiguo régimen.

A manera de dos interrogantes para conclusión: ¿Porqué triunfaron las Cortes de Cádiz? La primera cuestión estriba en la defensa del suelo español ante la invasión napoleónica. Este hecho origina que las corrientes políticas existentes: conservadores, renovadores e innovadores, juntaran fuerzas para oponerse políticamente a dicha invasión, aún cuando sus pretensiones de gobierno no eran precisamente comunes.

Una segunda cuestión fue el avance de las ideas democratizadoras impulsadas por los innovadores y la burguesía ilustrada, quienes interpretando el futuro del siglo decimonónico veían y sentían la demolición del absolutismo monárquico y la emergencia de la república. Una tercera cuestión se basa en el hecho de que de los 300 diputados a las Cortes 60 provenían de las colonias, y por lo que toca a las colonias americanas el alegato principal consistió en un alto al abuso de las autoridades españolas y el reclamo a ser tratados con igualdad, como españoles con todos los derechos ciudadanos posibles.

¿Cuál es la importancia de la constitución gaditana en nuestro derecho constitucional? Aún ciando México se encontraba bajo el dominio español, el antecedente de la constitución gaditana es básico en la formación y reafirmación del espíritu liberal de naciente cuño en algunos nobles mexicanos. Fue un texto que aunque corto en su vigencia plasmó por vez primera la igualdad entre todos y el vivir republicano. De igual manera, en materia de derechos fundamentales en el articulado de la constitución se establece una serie importante de derechos jamás establecidos a favor de mexicano alguno. La gaditana fue un noble esfuerzo revolucionario que debe ser tomado en cuenta dentro de la historia constitucional del orbe.

Fuente: QUERALT DEL HIERRO,M. Pilar. Las Cortes de Cádiz. Una revolución política que pudo haber triunfado. Historia y Vida. no. 464, pag. 78-83, España.

jueves, 23 de agosto de 2007

IDEAS PARA UNA REFORMA A LA CODDEEHUM

IDEAS PARA UNA REFORMA A LA CODDEHUM

En este año 2007, específicamente en el mes de septiembre, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero ( en adelante "la Comisión" o "Comisión") cumplirá 17 años de operación. En todo ese tiempo su ley de origen permanece inalterable, siendo que las políticas de derechos humanos en el país y en el Estado de Guerrero han cambiado, ya sea para bien o para mal. De todas maneras, resulta inconcebible que una ley tan importante como ésta no haya sido tocada para transformarla a los cambios que implica la modernidad. Hay que recordar que el Derecho como ciencia social es dinámico y que ese dinamismo se significa por la movilidad normativa, la cual en algunos casos es constante y en otras más lenta pero con el fin de mejorar la estructura de las instituciones políticas en favor del orden público.

El primer aspecto que hay que considerar para proceder a una reforma integral de la Comisión estriba en su carácter dependiente del poder ejecutivo. La idea original del legislador en 1990, consistió en crear a este organismo pero dependiendo del ejecutivo, así lo establece la constitución del estado al ubicar a la Comisión dentro de la estructura de este poder público. Aunque hay que hacer mención de que si bien su ley de origen le concede autonomía técnica y operativa, no basta para hacer de la Comisión un órgano ajeno a la influencia del ejecutivo, el cual determina su presupuesto y designa funcionarios de primer nivel en auxilio del presidente, tal y como lo son el Visitador General y el Secretario Técnico. Si un órgano de estado es declarado por su ley de origen como autónomo pero no así por la constitución es obvio que no lo es, ya que ésta prevalece sobre la ley. En este sentido, una reforma vital sería el hacer del organismo defensor un órgano autónomo lo que equivaldría a desgajarlo del ejecutivo y de la influencia de cualquier otro poder, es decir, convertirlo en órgano constitucional autónomo, tal y como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el nivel federal o el Consejo Estatal Electoral en el nivel local.

La conveniencia de esta reforma es enorme para garantizar una adecuada política en materia de defensa de estos derechos. Si a la Comisión se le da la oportunidad de ser autónoma, ya no dependiente de poder público alguno, le permitirá con mayor agilidad negociar su presupuesto el cual ya no pasará por el tamiz del ejecutivo; nombrar a los altos funcionarios de su estructura administrativa acorde con el perfil idóneo; establecer políticas públicas acorde con la tendencia regional, federal e internacional en la materia; despojarse de influencias externas que pudieran influenciar en la toma de desiciones o de la emisión de recomendaciones; lograr mayor confiabilidad social de su trabajo, etc.

Para lograr esto es necesario reformar no sólo la ley de la Comisión sino en primer término la constitución del Estado, para la cual sería conveniente crear un capítulo especial de los órganos autónomos de estado, tal y como ya lo propusieron los doctores Garza Grimaldo y David Cienfuegos en su proyecto de nueva constitución para el Estado de Guerrero, obra publicada por la UAGro.

Otro aspecto que ha causado y causa hasta el día de hoy cierto revuelo es el relativo a la inamovilidad del Presidente de la Comisión. Desde la creación de la Comisión no ha existido relevo en la presidencia del organismo, ya casi son 17 años de permanencia, y tanto tiempo en el cargo aún cuando se haya hecho un buen papel no es un síntoma de desarrollo democrático, considerando que en la democracia el relevo de los hombres y mujeres en el poder es una de sus características principales. Considero en este punto, que sería conveniente que el presidente sólo durara en el cargo de cuatro a seis años como máximo, operando la posibilidad de ser reelecto en el cargo por un plazo o periodo que no pase de la mitad del tiempo de su primer periodo. Así si un presidente ocupa el cargo, digamos 6 años, sólo podrá ser reelecto en segunda ocasión para un periodo de tres años; este método evitaría que una persona se eternice en un puesto y pueda crear intereses y feudos que en nada convienen en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales.

El nombramiento del presidente lo haría el congreso del estado, sin que el ejecutivo tenga la posibilidad de mandar una terna o proponer a persona determinada. El congreso emitiría una convocatoria basada en la ley previamente expedida la cual indicara los requisitos escenciales para ocupar el cargo, destacándose que el pretenso no pertenezca a agrupación política alguna -partidos políticos-; que en el año inmediato anterior no haya ocupado los cargos de procurador general, secretario general de gobierno, magistrado del tribunal superior o diputado. Con ello se garantiza de quien llegue al cargo no tenga un gran compromiso con la política predominante en el momento. De ser posible el presidente debe emanar de la sociedad civil, quien mejor que alguno de sus integrantes para avocarse dignamente a esta tarea.

Obvio que la ley a crear para la Comisión deberá otorgarle al presidente facultades amplias para designar a su personal. También el congreso será quien bajo un procedimiento específico designe a los Consejeros ciudadanos de la Comisión, quienes serán en número de 10 y todos integrantes de la sociedad civil,conocedores de la materia y comprometidos con los derechos humanos de los guerrerenses.

En la ley debe desaparecer el delito de tortura y trasladarlo al código penal, y el recurso de exhibición de persona debe establecerse en la ley órganica del poder judicial ya que son los jueces los obligados a acatar el procedimiento requerido por los quejosos.

Estos son sólo algunos pequeños puntos en los cuales debe reformarse la estructura constitucional y administrativa de la Comisión, obvio decir que en la ley de origen del organismo caben muchas situaciones que pueden hacer de la Comisión un órgano diferente, más operativo y capaz en la defensa de los intereses de la sociedad.

viernes, 3 de agosto de 2007

LA PENSIÓN (CUENTO)

LA PENSIÓN


LA PENSIÓN

Pepe trabajaba como perito calígrafo en la Procuraduría, su padre Don Agustín hacía 5 años que se había jubilado. Todas las quincenas Pepe iba a la oficina de pensiones a cobrar la escasa pensión de su padre, siempre alegaba que él no podía hacerlo personalmente porque su reumatismo crónico se lo impedía y como ya tenía ochenta años y pico de meses pues era imposible que subiera los tres pisos donde se cobraba el derecho a los jubilados. En efecto, el vestuto edificio de pensiones había sido construido en los años cuarenta del siglo pasado, sus escaleras eran increíblemente estrechas, los oficinistas y los visitantes chocaban al unos subir y otros bajar por ese tormento, así era muy comprensible que un hombre de tan avanzada edad no pudiera ir personalmente a cobrar.

Doña Emiliana es la funcionaria encargada de hacer los pagos y de tanto ver a Pepe ya no le pedía la carta poder en la cual Don Agustín autorizaba a su hijo a cobrar la pensión. Cada quince días Pepe le regalaba chocolates o cualquier otro dulce de la región en agradecimiento a las atenciones recibidas; lo único que se le pedía Doña Emiliana era que le enviara la carta poder debidamente firmada para acreditar la legalidad del pago y garantizar de esa manera que Don Agustín seguía con vida y que podía cobrar su pingüe pensión. Y cada vez que Pepe se presentaba a cobrar le entregaba la carta poder de la quincena pasada y asunto arreglado, todo en aras de agilizar el pago, ya que si no se cobraba a tiempo se corría el riesgo de perder el dinero por falta de cobro.

Pepe no ganaba gran cosa como perito, los asuntos en la Procuraduría iban de mal en peor, hacía ya cinco años que el gobierno del estado había creado una oficina de peritos alterna y el trabajo se había venido literalmente abajo, y esto le perjudicaba porque independientemente del salario que cobraba también se llevaba una tajada en cada uno de los peritajes. Ah como recordaba esos días en que el monopolio de los dictámenes periciales lo controlaba la Procuraduría. Había ocasiones en que sus tajadas vía mordidas superaban con creces al salario. Pero eso había casi terminado y ahora estaban sujetos a leyes más severas y con menor clientela.

Pepe vivía en una colonia marginal de la ciudad de esas que se invaden y que después el municipio las legaliza vendiéndolas a precios de risa a quienes las habían invadido y pagando las perlas de la virgen a los dueños por concepto de indemnización. Este procedimiento se había hecho ya una práctica cotidiana en los asentamientos irregulares de la ciudad. Su esposa Josefina trabajaba vendiendo cortes para vestido, actividad algo lucrativa y ya hacía años que ella levaba más recursos a la casa que él. Tenían dos hijos uno en la primaria y otro en la secundaria, ambos en escuelas públicas, buenos chicos aunque algo traviesos.

Pepe siempre pensaba que el dinero era la base de la felicidad humana y que su pronta acumulación sería la salvación familiar, aunque las cosas no le iban bien soñaba con algún día ser rico, inmensamente rico, tener una mejor casa, viajar, retirarse de ese trabajo que ya lo agobiaba, comprarse un auto de lujo y todas esas cosas que el capitalismo ofrece a todos pero que muy pocos pueden tener.

Cuando se presentó a cobrar la quincena de su padre Doña Emiliana le dijo que los procedimientos ya habían cambiado que era indispensable que Don Agustín se presentara a cobrar aunque sea por una sola vez, todo ello para garantizar la existencia del pensionado ya que la oficina de pensiones había descubierto varios fraudes y estaba tomando precauciones. Así que no podía pagarle la pensión.

- Pero señora, dijo Pepe, ¿que no ve que mi padre tiene una reuma del demonio?
- Lo entiendo mi estimado amigo, pero le juro que no es cosa mía, ya ve como están las cosas por acá y el Director no quiere que haya más fraudes, pase hablar con él, es buena persona, yo le abro la puerta, ándele, dijo Emiliana.
- Está bien, déjeme hablar con él a ver que pasa, dijo Pepe con voz trémula.

La oficina no tenía ni siquiera una silla donde sentarse así que Pepe tuvo que esperar casi una hora parado, hacía un calor del demonio hasta que un oficinista compasivo prendió el ventilador de techo y el aire empezó a circular, una brisa cálida pegó de frente en la cara de Pepe, pensaba mil cosas y su nerviosismo se acentuaba al paso del tiempo, las manos le sudaban, la frente era una cascada de sudor que secaba con las mangas de su camisa, hasta que por fin Doña Emiliana le dijo que ya podía pasar, que el jefe le concedía cinco minutos para exponer su caso.

- Buenos días mi señor, dijo Pepe con voz agachona y servil.
- Buenos, dijo el jefe.
- Que le trae por acá?
- Mire, me dijo su empleada, la muy eficiente Emiliana, que por disposición de usted ya no me pagarían la pensión de mi padre el señor Agustín, quien laboró en la oficina de Obras Públicas por más de treinta y cinco años y que por razones de salud se retiró. La cuestión es que tiene reumas y no puede subir a cobrar personalmente su pensión y desde hace cinco años cobro yo, con carta poder por supuesto.
- Sí, lo sabía, Doña Emiliana ya me había puesto al tanto de su situación. Pero necesitamos constatar que los pensionados están vivos y coleando, así que su señor padre tendrá que venir a la oficina para una rutina de inspección y en caso de que no pueda venir nosotros iremos a su domicilio para constatar que aún está en vida. No se preocupe sólo es para verificar la existencia del pensionado, como ve no hay nada contra él, es más el gobierno acaba de autorizar un pequeño aumento a la pensión, así que vaya con su padre para darle las buenas nuevas.
- Si señor así lo haré y muchas gracias por su explicación. Una pregunta: como mi padre no podrá venir ¿cuándo será la visita de inspección en la casa de usted?
- No lo sé a ciencia cierta pero no pasa de este mes, vaya usted con su padre y déle la buena del aumento.
- Gracias señor Director con su permiso.

Al salir de la oficina Pepe no paraba de sudar, el calor se hacía más intenso y cavilaba acerca de la visita de los inspectores a su casa. Estaba tan desconcertado que tomó el camión equivocado, llegó una hora tarde a la oficina y sólo se dedicó a pensar.

Ya habían pasado dos semanas de la visita al Director de pensiones del estado, la visita no se realizaba y eso lo ponía nervioso, no sabía cómo afrontaría la situación, pero ya Dios dirá.

Josefina cada día que pasaba veía a Pepe nervioso. Por las noches él se levantaba y pasaba horas en el pequeño sótano de la casa, intrigada por su proceder decidió espiarlo para ver que hacía. Notó que en el diminuto sótano su esposo se sentaba en una silla y observaba las cosas que había alrededor sobre todo el pequeño refrigerador que ya habían desechado por viejo y que Pepe lo había destinado para enfriar sus cervezas, al menos eso decía, aunque ella bien sabía que tomaba muy poco. Entró al sótano de manera sorpresiva y con paso cansino se acercó a su esposo, él al notar su presencia le recriminó por estar despierta a altas horas de la noche y la cuestionó por estar espiándolo.

- Estoy preocupada por ti, no sé que te pasa estás muy raro desde hace semanas. A ver cuéntame ¿tienes algún problema?
- No me pasa nada, no tengo problemas, vamos a dormir. Ah y ya sabes que no debes merodear por este lugar, no me gusta que entres aquí, está sucio y hay muchos alacranes, ¿de acuerdo?
- Está bien hombre.

En los días siguientes todo parecía que volvía a la normalidad, el menor de los hijos de la familia cumplía años y se organizó una fiesta. Todo sucedió acorde a los canones, Pepe vio que su familia era feliz, pobre pero feliz, siempre ha pensado que el dinero es un elemento importante para la felicidad de su familia y estaba empeñado en conseguirlo así fuera en contra de todo y de todos. Al terminar el pequeño agasajo se acercaron dos hombres a la puerta de su casa y a uno de los invitados le preguntaron donde quedaba la casa de Pepe, el vecino apuntó con el dedo índice hacia la puerta de la casa y los dos hombres con paso firme se dirigieron hacia allá.

-¿Esta es la casa de José Bermejo?
- Sí, ¿qué desean?
-Venimos hacer una inspección, somos del departamento de pensiones.
-Pasen ustedes, dijo la esposa de Pepe.

Pepe sintió que el mundo se le venía el mundo encima, al ver a los dos hombres del gobierno en la puerta de su casa, sabía a que venían, pese a que no había escuchado la plática que sostuvieron con su esposa.

-Yo soy José Bermejo y se a que vienen.
-Muy bien señor, usted ha firmado los cheques de cobro de su padre, así que sólo venimos a constatar la existencia de esta persona, si nos permite le pedimos que ponga a la vista a su señor padre.
- Si gustan ustedes pasar al sótano él está ahí desde hace cinco años, ya no se puede mover.

El refrigerador donde supuestamente guardaba sus bebidas siempre había estado cerrado con candado, nadie podía tener acceso a el sólo en ese día tan funesto, los inspectores pudieron abrirlo y menuda fue su sorpresa.

Los inspectores de la oficina de pensiones cumplieron con su trabajo. Pepe en la oscuridad de las sombras lame su desgracia en espera que un juez benevolente le devuelva a corto plazo la ilusión de algún día estar con su familia y de hacerse de algo de dinero.

jueves, 2 de agosto de 2007

La reforma del Estado en Guerrero 1

(imagen: Hans Kelsen)

El 31 de julio de 2007 terminó una primera etapa del proceso de reforma en el Estado de Guerrero. Que pena que este proceso haya sido instrumentado desde las esferas del poder político. Aún cuando en la convocatoria se hizo un llamado a la sociedad civil, la verdad es que esta no participó como los organizadores hubieren querido, y al no hacerlo deslegitima el proceso y convierte a la reforma en un fraude político.

En cuanto a este tema he de considerar que ninguna reforma del Estado es posible o al menos no puede llarse así sin la participación de la sociedad. Cuando más será simplemente una reforma desde el poder y para el poder, pero no una reforma del Estado, la cual tiene como condición sine cuanon la participación de los actores sociales, incluido el propio Estado, que en este caso no se dió.

Por lo tanto no es posible que políticamente la reforma, si es que produce los resultados que desea el poder, esté plenamente legitimada, podrá ser legal pero carecerá del aval social que construye la viabilidad política de todo proyecto. Una de las preguntas que todo analista debe hacerse consiste en ¿cuanta confiabilidad tiene la estructura de poder en el Estado para poder instrumentar una reforma del Estado? Para contestar esta cuestión basta decir que el régimen de gobierno actual llegó al poder con un gran consenso. La esperanza popular consistía en que la izquierda, por vez primera en el poder, podía establecer políticas públicas suficientes para sacar al Estado del subdesarrollo en el cual nos encontramos. La realidad fue muy dura. El ejecutivo estatal y su estructura administrativa de gobierno poco a poco fueron deslegitimandose por omisión, por carencia de proyectos y por un retorno al ejercicio de poder autoritario y voluntarista tal y como lo ejercía el viejo PRI; el resultado ha sido, hasta ahora, desalentador por el abandono de la política social, por la ausencia de vínculos de solidaridad y cohesión social, por la falta de un proyecto consensado y por la ausencia, hasta física del liderazgo del gobernador del Estado. Aunado a ello, la complacencia del PRD, el partido en el poder a las inacciones del aparato gubernamental.

En este sentido el pueblo se siente engañado, utilizado, decepcionado por la izquierda guerrerense y en ese contexto es muy difícil que el resultado que podría tener la consabida reforma pueda estar plenamente legitimada por los actores sociales, por el pueblo.

Así las cosas ¿debemos confiar en que este proceso produzca sorpresivamente resultados óptimos y el Estado se reforme así mismo en beneficio de la democracia y sus titulares? Quien piense así será un ingenuo. En contadas ocasiones el Estado se ha reformado para transformarse en aras de la democracia, y cuando lo ha hecho ha sido influenciado por los poderes fácticos nacionales o internacionales -recordemos las reformas de 1992 que dieron origen al ombudsman nacional, las que fueron precisadas en un viaje de Salinas de Gortari en Europa ante la presión de los grupos financieros que reclamaban a cambio de inversiones reformas democráticas- En nuestro caso local no existen esos poderes fácticos que podrían ejercer presión al poder público y transformar una serie de cuestiones de necesidad extrema. Ante esta ausencia, tampoco los partidos políticos, como entidades de interés público, son capaces de influir en una reforma democratizadora y controladora del poder ¿la razón? la cooptación de liderazgos y la ignorancia supina de la problemática, y si esto no fuese verdad, la complacencia para seguir en el poder" o estar bien con el poder, seguir en términos más vulgares, recibiendo los beneficios del poder.

Para los partidos de derecha (PAN) es obvio que las cosas deben quedar como están. La derecha guerrerense, aunque escasa en número de seguidores y votantes, es una derecha conservadora y seguidora de la traditio, eclesiástica y tenaz seguidora fiel de las costumbres incólumes de la moral privada. Es una derecha de poca cultura política, de poca participación política, netamente autoritaria deseosa de gobernantes de mano dura y formada en los parámetros de la vieja escuela escolástica. Para estos la reforma política no es más que un atrazo o un riesgo para que las estructuras cerradas de poder puedan abrirse a los léperos, o sea, al pueblo.

Sin embargo para el PRI, resulta sorprendente que el proceso de reforma política no haya sido una oportunidad de oro para rebatir a la izquierda novata en el poder. El PRI ha demostrado su carencia de ideas y afán por retornar al poder al no cuestionar seriamente y con argumentos sólidos tanto a la consabida reforma como al propio régimen de izquierda. Están en la innacción total, es posible que su falta de liderazgo produzca este resultado y también es posible que su reciente salida del poder les de margen óptimo, según ellos, para poder obtener escalas de poder en las elecciones intermedias. Cualquiera que sea el caso, es inexplicable y absurdo su actuar ante el desastre político de la reforma y de la política inmóvil del régimen en turno.

Y para el PRD, el partido autodenominado de izquierda, el que durante los últimos tiempos pugnó por la justicia social y la reivindicación de los derechos de los más pobres, también es incomprensible que una vez llegado al poder avalara completamente las políticas del régimen. En el proceso de reforma no supimos de que el proyecto perredista de justicia social tuviera eco en las propuestas de reforma, eso da a pensar que los subyugó la llegada al poder y que por razones estrictamente de su conservación es necesario dejar las cosas casi como estaban, además de que se ha notado una carencia casi absoluta de liderazgo político, a grado tal de que la denominación de "partido de izquierda" de la cual se ostentan en su declaración de principios es sólo un slogan para coptar votantes, porque en la práctica de poder no han demostrado lo que dicen ser.

En estas condiciones: ausencia de la sociedad civil en el proceso de reforma e inacción de los partidos políticos en la construcción de una reforma de verdad, más la ausencia de poderes fácticos o grupos de presión que establezcan líneas de acción al respecto, no queda más que el voluntarismo autoritario en la toma de desiciones para aparentar ante el pueblo de que la reforma, que no es ni será tal, es y será un éxito. Por ello señalo al principio de éstas líneas que la consabida reforma es un fraude de grandes proporciones. Una vez más, como dijera en uno de sus libros Jorge Alarcón, la sociedad está derrotada.

martes, 31 de julio de 2007

Derechos humanos 1

LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSITARIOS. PROPUESTA LEGITIMADORA DEL PODER UNIVERSITARIO. EL CASO DE LA UAG



MC. Miguel Ángel Parra Bedrán [1]


Prolegómenos.

El 21 de agosto de 2001 aparece publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero la nueva Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero. Con posterioridad y en el calor del nuevo proyecto de Universidad que el H. Consejo Universitario aprobó, se ha venido estructurando el también nuevo marco jurídico de la Universidad. Cabe decir que en antaño y prácticamente me refiero desde la creación de la Universidad en 1960, esta institución educativa había carecido de un marco jurídico completo.

Los universitarios del pretérito solo contábamos con una Ley universitaria y con el Estatuto General y con el Reglamento Escolar, y si acaso con algún otra disposición jurídica. Es obvio pensar que muchas de las controversias emanadas de la comunidad universitaria y del quehacer de las autoridades eran resueltas por la decisión del Consejo Universitario, el cual se convirtió en ágora de las disputas y controversias y no en pocas ocasiones sus resolutivos poco tuvieron de legales pero sí mucho de legitimas en el ámbito de la política interna.

Para nadie es un secreto que la Universidad guerrerense tiene como defecto la extrema politización de su vida. Esta manera de ser por supuesto que no ha sido gratuita ni a veces querida por los miembros de la comunidad. Nuestro nacimiento como Alma Mater fue producto del enfrentamiento popular con un gobierno altamente represivo y carente de sensibilidad a las demandas que el entonces Colegio del Estado solicitaba para el avance intelectual de sus agremiados. La respuesta fueron las balas y como consecuencia de ellas la destitución del titular del ejecutivo y la caída de poderes en el Estado. En los años posteriores la Universidad se comprometió con las causas más justas del pueblo y la respuesta del Estado fue la limitación de recursos y en una ocasión el planteamiento de su desaparición por el entonces Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles.

Pese a ello, la Universidad sigue existiendo y a lo largo de 46 años es quien nutre a la sociedad guerrerense de profesionistas de calidad en los ramos de la ciencia y la técnica en los cuales la Universidad tiene cobertura.


Pero lo que en verdad quiero hacer valer en esta ocasión es que desde 1960 hasta 2001, se carecía de medios de acceso a la justicia universitaria; es verdad que el aparato administrativo daba opciones pero estas eran poco asequibles para los justiciables. La violación a derechos universitarios era, al igual que hoy, frecuente pero con la salvedad en la carencia de una política protectora de derechos, es más y ni siquiera de ideología referente a los derechos humanos universitarios los que se predicaban más en el discurso que en la práctica efectiva. Los estudiantes eran presa fácil de tratos discriminatorios e ilegales y los profesores sólo tenían el recurso que otorgaban los contratos colectivos de trabajo, la huelga o el paro eran para ellos la única manera de oponerse al abuso de las autoridades.

A finales del año 2000 se lleva a cabo el Tercer Congreso General Universitario siendo Rector el MC. Florentino Cruz Ramírez, este Congreso reunió las voces de todos los universitarios y como resultado concreto emanó el nuevo modelo de universidad guerrerense. Este Congreso con el aval del Consejo Universitario determinó en su resolutivo 23, lo siguiente: “[…] se acuerda crear la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios como una instancia independiente de la rectoría y de la administración central. Su titular será nombrado por el Consejo Universitario quien además le asignará presupuesto e infraestructura necesaria para que cumpla su objetivo.”[2]

Es así en pocas palabras que nace a la vida jurídica universitaria, aunque sea tardíamente una institución protectora de los derechos universitarios. La propuesta antes citada emanó de los propios estudiantes reunidos en el auditorio de la Unidad Académica de Derecho. La intención evidente fue el constituir un órgano de gobierno que accesara de mejor manera los reclamos estudiantiles en contra de los abusos constantes por parte de autoridades y que en antaño no había manera de hacerlo y si se hacía no existían los procedimientos para legitimar su acción.

Panorama de las violaciones a derechos

Es necesario aclarar que antes de la creación institucional de la Defensoría operó unos cuantos meses un Departamento administrativo dependiente del Rector que se encargaba de los asuntos de violaciones a derechos humanos, su vida operativa fue corta y sin resultados concretos que sean dignos de mencionarse; esta dependencia estuvo a cargo del Lic. Rubén Darío Fuentes Alarcón.

He referido que en la Universidad y considero que en todas –incluidas las privadas- el fenómeno de violación a derechos es una constante, en este panorama que puede y debe ser más latente en una que en otras, la universidad guerrerense no es la excepción. Aún cuando no tengo datos comparativos, los propios hacen pensar que el problema de nosotros los guerrerenses es grave.

Los grandes problemas en el cumplimiento a los derechos humanos universitarios, no son diversos a los similares de cualquier mexicano, y en síntesis puedo reducirlos a lo siguiente:


a) desconocimiento de los derechos y obligaciones;
b) problemática en el acceso a la justicia y carencia de procedimientos asequibles;
c) ausencia de una cultura integral de derechos humanos universitarios;
d) desconfianza en la justicia universitaria y,
e) permisibilidad por conveniencia en la violación a derechos.

¿Los universitarios guerrerenses conocen sus derechos y obligaciones en tanto que son miembros de la comunidad universitaria? Esta interrogante no puede contestarse tajantemente, hacerlo sería equivalente a desacreditar a miles de estudiantes, profesores y trabajadores que están al tanto de su situación jurídica universitaria. En muchos casos he sido fiel testigo de la ferocidad –en el buen sentido de la palabra- de éstos en la defensa de sus derechos ante la autoridad, pero puedo decir a ciencia cierta que muchos de ellos desconocen casi por completo la legislación que los regula, si acaso por intuición –que bien y al cabo es una forma del conocimiento-, saben que son titulares de derechos y obligaciones pero los desconocen ya sea por falta de interés o por ausencia de una cultura institucional en la materia.

Esta deficiencia provoca que la violación a derechos no sea conocida y si lo es queda únicamente en la conciencia de quien violó derechos y de quien o quienes sufrieron la violación. Es claro que ante esta realidad incuestionable no podemos decir en ningún foro que el estado de derecho en la universidad es cumplido, su eficacia queda en entredicho.

Obvio que los defectos de la amnesia e ignorancia de los derechos fundamentales no es exclusivamente de los universitarios, los que, paradójicamente deberíamos ser los portadores del estandarte de la legalidad y predicar con el ejemplo. En nuestro país, desgraciadamente las políticas públicas no han enfocado sus baterías hacia la cultura jurídica y en especial al respeto a los derechos fundamentales. Al respecto, bien cabe citar como prueba de lo anterior la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, que aún cuando fue diseñada por la Secretaría de Gobernación revela datos dramáticos en cuanto a la cultura jurídica y política de los ciudadanos mexicanos, por ello la cultura jurídico política de los universitarios es sólo un reflejo del acontecer nacional.

A finales del año 2005, la Defensoría realizó una encuesta de opinión respecto a la cultura jurídica de los universitarios guerrerenses, y los resultados en cuanto al conocimiento de sus derechos humanos universitarios fue especialmente demoledor, de las 25 Unidades Académicas participantes sólo Derecho contestó que sí en un 16% habiendo otras que el no correspondió a un 80%.

Esto trae como consecuencia el hecho de que los accesos a la justicia universitaria también sean desconocidos y poco valorados. Si bien al principio dije que la Defensoría emanó de una propuesta estudiantil, eso no significa que todos o la gran mayoría de ellos conozca la existencia de un órgano defensor de derechos universitarios y menos aún de las vías para acceder justicia en la Universidad. En la encuesta en ninguna de las Unidades Académicas fue mayor al 28% la respuesta a la existencia de la Defensoría y en ese mismo porcentaje los estudiantes desconocían los procedimientos que se implementan en la Defensoría y los propios de las Unidades y de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Universidad.

Esta realidad incuestionable nos ha puesto como objetivo primario de trabajo la difusión masiva de la existencia de la Defensoría y de los procedimientos que la legislación universitaria accesa en beneficio de los estudiantes. Sin embargo la tradición en la resolución de conflictos en la Universidad muchas veces rebasa los contenidos jurídicos. Aquí me refiero a la conciliación que los Directores de Unidad implementan para resolverlos y la petición casi unánime para que el Rector interceda en ellos, amén de que todavía existen prácticas derivadas de la costumbre antigua que aunque bien sirvieron en el pretérito hoy día son violatorias de la legalidad.

En no pocas ocasiones la Defensoría ha encontrado casos en que la violación a derechos universitarios se permite o avala por conveniencia. Hace poco conocimos el caso de un profesor que vendía unos apuntes en fotocopia en la cantidad de quinientos pesos, cada estudiante debía comprarlos exclusivamente al profesor, al paso de dos meses los apuntes costaban doscientos pesos más, y al final de semestre trescientos pesos más, quien no los hubiera comprado al final del semestre debía entregar la cantidad de mil quinientos pesos para tener derecho a examen. Nos presentamos a los grupos donde este profesor impartía clase y le pedimos a los estudiantes que denunciaran semejante tropelía, estos nos dijeron que no lo harían porque ya estaban en quinto año y lo no querían problemas con el profesor que les convenía pagar ya que eso les garantizaba la aprobación del curso. Pese a la ausencia de queja por parte de los agraviados, la Defensoría instruye un expediente y estamos reuniendo los elementos de prueba suficientes.

En la encuesta realizada los estudiantes dijeron que quien viola más derechos son los profesores en primer lugar, los directivos en segundo y los trabajadores administrativos en tercero. Cabe citar el caso de Derecho donde la encuesta reveló que el 50% de los encuestados señaló a sus profesores como los principales violadores de derechos universitarios; en contrapartida en la preparatoria 36 de Zumpango los estudiantes en 58% culparon a los directivos; y en la Unidad de Ciencias Químicas el 42% culpó a los trabajadores administrativos.

Respecto de qué violaciones a derechos son las más frecuentes, los estudiantes indicaron siete casos recurrentes: 1. Malos tratos de los profesores 2. Malos tratos por parte de los trabajadores administrativos 3. Pedimentos económicos por parte de los profesores 4. Pedimentos económicos por parte de los trabajadores administrativos 5. Mala calidad académica de los profesores 6. Discriminación y 7. Acoso sexual. El 78% de los estudiantes señaló que en caso de violación a sus derechos sí estarían dispuestos a denunciar los hechos ante la Defensoría; el 33% señaló que durante su estancia sí ha sido objeto de violaciones a derechos y de ese porcentaje sólo el 7% indicó que ha denunciado los hechos ante la autoridad universitaria, ya sea el Director de la Unidad, el Consejo Académico, la Defensoría o la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

De las 25 Unidades encuestadas sólo en cuatro los estudiantes señalaron como bueno el cumplimiento de los derechos humanos universitarios, destaca el caso de la preparatoria de Petatlán (tierra caliente) donde los estudiantes en porcentaje 90% estuvieron satisfechos con el cumplimiento de los derechos, a contrario sensu en la preparatoria de Atoyac los estudiantes nos indicaron que el cumplimiento de derechos es malo en un 70%.


Resultados de la Defensoría

Si bien la Defensoría formalmente se creó en 2001 con la vigencia de la nueva ley de la Universidad, fue hasta el 18 de febrero de 2004 cuando materialmente inició sus labores. A lo largo de este periodo, ha conocido un total de 113 quejas.

De este total de quejas presentadas hasta el mes de noviembre de 2006, se han emitido las resoluciones siguientes:

Recomendaciones 22;
Acuerdo de Archivo 60;
Acuerdo de no Responsabilidad 16;
Opiniones y Propuestas 4.

En proceso de investigación o de resolución se tienen 11 expedientes, siendo un total de 113 quejas las que se han atendido en casi tres años de trabajo.

Los alumnos han presentado 50 quejas; los trabajadores administrativos 43; los pasantes 11; los padres de familia 4; los aspirantes a ingreso 2; los jubilados y pensionados 2; la Comisión de representantes de Becarios 1, y extrabajadores 1.

Del total de las 113 quejas 31 se han promovido en contra de profesores; 22 en contra de la Dirección de Administración Escolar; 15 en contra de Directores de Unidad a nivel licenciatura; 11 contra Directores a nivel medio superior; 8 contra la Dirección de Recursos Humanos; 5 contra el Rector de la Universidad; 3 contra la Dirección de Docencia; 2 contra Subdirectores de Unidad, Dirección de Planeación y Jefatura del Servicio Médico y, 12 más en contra de diversos órganos de la administración central de la Universidad.

De todas las quejas 34 provienen del conjunto de las preparatorias (39); de la Unidad de Académica de Derecho 18; de las Unidades de Enfermería (4) 7; de la Unidad Académica de Ingeniería 6; de Ciencias Sociales, Comercio y Administración 5; y el resto de las diferentes Unidades Académicas y de trabajadores docentes o administrativos.

Como motivo de queja se han detectado 44 hechos diversos, entre ellos: retardamiento en la entrega de certificados de estudios, cédulas y documentos de titulación expedita; malos tratos y amenazas; negativa al derecho de cobro de becas, quincenas o aguinaldos; acoso sexual; negativa al aumento de recategorización; negativa al reconocimiento de estudios; hostigamiento laboral; cobro indebido de exámenes; violación al derecho de revisión de examen; asentamiento indebido de calificaciones; violación al derecho de libre cátedra; expulsión indebida de alumnos; negativa al derecho de calificación; descuentos injustificados; agresión física; imposición en la compra de boletos para rifas; sobornos a alumnos; ineficiencia en las tareas docentes; negativa al cambio de profesor; separación de internado, etc.

Pero si bien la lucha contra la impunidad es uno de los objetivos de todo órgano defensor de derechos, en el caso de la Universidad la promoción de la cultura debe convertirse en el principal sostén de su actividad. Ya he citado en líneas arriba de la necesidad de implementar acciones para promover la cultura de derechos entre los miembros de la comunidad universitaria como bien lo señala la Declaración Universitaria a Favor de una Cultura de los Derechos Humanos, que en su declaración primera enuncia: “Promover la cultura, defensa y promoción de los derechos humanos en las tareas sustantivas de docencia, investigación, extensión y divulgación de las universidades e instituciones de educación superior cualquiera que sea su carácter o naturaleza.”[3]

La cultura de estos derechos debe ser masiva y pertinente. Masiva en razón del beneficio a todos los universitarios, no sólo mediante las tareas de difusión que realice el órgano defensor, si nos constreñimos a solo esto, la información no será lo suficientemente sólida para generar una conciencia de lo importante que son los derechos humanos. Mi propuesta estriba en que independientemente de la Unidad Académica de que se trate, se imparta una cátedra obligatoria de derechos humanos, a efecto de que el joven estudiante los conozca con la pertinencia debida y de esa manera no sólo la Universidad forje buenos profesionistas sino buenos ciudadanos, ya que es bien sabido que el ciudadano mexicano no posee una sólida cultura jurídica elemental y suficiente para la defensa de sus derechos.[4]

La política de derechos humanos como legitimadora del poder en la Universidad.

Una vez creada la Defensoría en los términos que anteceden, es importante señalar que la Universidad de Guerrero tiene un nuevo modelo educativo y académico. Este modelo también es producto de la reforma institucional y se sustenta en los fines de la educación superior y considera las demandas sociales. En los documentos básicos que explican esta reforma se destaca la edición especial del modelo educativo y académico de la UAG[5] en el cual se explica con claridad el modelo de referencia el cual entre otras cosas tratará de cumplir con la misión histórica de la Universidad y contribuir al desarrollo del Estado de Guerrero.

En ese contexto y a la vez compromiso institucional la Universidad tiene la obligación de comprometerse en la contribución del desarrollo democrático de la entidad el cual aún es incipiente y emana de la caída del poderío bonapartista –en términos sociológicos-. Pero hay referencias inmediatas que nos hacen suponer que las instituciones estatales tratan de modificarse para responder al entorno nacional e internacional, y entre esos nuevos modelos está la defensa de los derechos humanos a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una legislación que a paso cansino se innova para responder al reclamo de la defensa de los derechos fundamentales.

En este sentido, la Universidad no puede ni debe quedarse atrás, por ello la creación de la Defensoría responde en la contribución del desarrollo estatal, pero independiente de ello, al interior, el poder universitario se legitima aún más al constituirse como una instancia que en referencia al marco legal encuentra controles en el uso del poder.

La defensa de los derechos universitarios en efecto, se está constituyendo como una manera de control y de legitimación de quienes ostentan el poder. Se trata de que los actos administrativos emanados de autoridad puedan ser reclamados en caso de violaciones, de que los funcionarios universitarios puedan y deban ser sometidos ante las instancias sancionadoras en caso de violación a derechos y de que con esa manera de ser jurídica el poder se justifique ante los reclamos que la comunidad hagan en el marco de la defensa de los derechos.

Hoy día quienes ejercen el poder en la universidad no pasan por alto las determinaciones de la Defensoría, no es que exista temor fundado de sanciones, ni tampoco la defensoría le ha declarado la guerra a nadie, sino que, son sabedores de que sus actos pueden derivar en violaciones a derechos y tratan de que el imperio de la ley se imponga anteponiéndose a otro tipo de interés como los personales o de grupo, hecho que era muy común en el pretérito.

















[1] Defensor de los Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero.
[2] Resolutivos del III Congreso General Universitario. UAG. H. Consejo Universitario, Comisión de Reforma, Chilpancingo, Guerrero, marzo de 2001.
[3] Documento proporcionado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
[4] Ver Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la SEGOB, publicada por la SEGOB, Dirección General de Desarrollo Político. México, 2003.
[5] Gaceta Universitaria, año 6 no. 12 febrero de 2005.

definición de persona jurídica

DEFINICIÓN DE PERSONA JURÍDICA


Definición

Para la Sociología, la locución “persona” se refiere al “Individuo humano que desempeña un papel social en la vida del grupo de acuerdo con la cultura o culturas en que ha ido condicionado.”[1]

Esta definición engloba a todos los seres humanos, independientemente de sus atributos jurídicos. De esta manera la persona o las personas, son quienes integran a la sociedad global o a las sociedades particulares, sin que sea necesario para este estudio, el analizar el como y el porqué del papel social o roles que los individuos necesariamente desempeñan en la vida social, aunque es obvio indicar que uno de esos papeles o roles tienen relación directa con el sistema normativo imperante.

De igual manera, la anterior definición anota que dicho papel o rol está conectado directamente con la cultura. Para la Sociología la cultura es el todo realizado por el género humano y, es en esa perspectiva, en donde la persona ocupa necesariamente un lugar trascendente, motivo de estudio por parte de esta importante ciencia social.

Para la filosofía, la definición de persona es más complicada y ha tenido a lo largo de la historia diversos significados. Originalmente el término “persona” significaba máscara, sentido que fue introducido en el lenguaje filosófico por el movimiento estoisista para indicar los papeles representados en la vida por el hombre. A partir[2] de Descartes, se acentúa su naturaleza de auto relación y especialmente de la relación del hombre consigo mismo. El concepto de persona se identifica con el yo. El marxismo identificó a la persona en cuanto a las relaciones de producción y trabajo, explicando la relación del hombre con la naturaleza y con los demás hombres en cuanto a la satisfacción de necesidades.

Abbagnano, sostiene que el hombre es persona en cuanto, en tales tareas (como sujeto de derechos civiles, políticos o como miembro de un grupo social), queda esencialmente definido por sus enlaces con los demás.[3]

Por lo que se refiere a la ciencia del Derecho, “persona jurídica es un término altamente técnico con el cual los juristas normalmente se refieren a una entidad dotada de existencia jurídica, susceptible de ser titular de derechos subjetivos, facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas.”[4]

Para Burgoa “[...] no todo individuo es una persona desde el punto de vista del Derecho, puesto que, para adquirir esa calidad, se requiere que jurídicamente se le repute dotado de la citada capacidad.”[5]

Rojina Villegas, sostiene que: “Por persona jurídica se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones.”[6]

Como podemos observar, la definición jurídica de persona, tiene por referente a una situación biológica y material concreta. Sólo es persona quien tenga por virtud del Derecho la capacidad para hacer valer derechos subjetivos, ya sea por sí mismo o por conducto de otro u otros a través de la representación. Este concepto jurídico no está completamente alejado de su significado sociológico ni filosófico. En efecto, el hombre y la mujer, centros de imputación jurídica, desempeñan roles sociales en lugares y épocas específicas, esos roles mucho tienen que ver con el ejercicio de derechos o con el goce de los mismos. Por otro lado, en el aspecto filosófico, la definición de persona jurídica se identifica con el yo que es el centro de imputación y, también, en el aspecto económico mucho tiene que ver con todos y cada uno de los fenómenos económicos (patrimoniales), que el derecho regula.

La persona jurídica, pues, constituye un elemento central de la ciencia jurídica; sin ella, la arquitectura jurídica queda en el vacío. Es, la persona jurídica, una creación del derecho objetivo. El derecho sólo reconoce a la persona en cuanto a sus relaciones de tipo jurídico, aún cuando posee otras características dignas de estudio por parte de las diversas ciencias sociales.

La definición de persona jurídica en el código civil

El artículo 25 del código civil del Estado de Guerrero, señala lo siguiente:

“ Son personas físicas o naturales todos los seres humanos. La personalidad jurídica de estas comienza con el nacimiento y termina con la muerte, pero desde que un ser humano es concebido queda bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos previstos en este código.”

Como puede observarse de la redacción de este numeral, los seres humanos somos las personas; es obvia la equiparación. Lo que al Derecho le interesa es el centro de imputación, en este caso la personalidad. Diríamos: toda persona posee por el hecho de serlo, personalidad. Y esta surge desde la concepción y termina con la muerte. El código equipara a la concepción con el nacimiento para que surjan derechos.
3. La concepción como problema de vida y muerte

Parece que el problema queda resuelto, sin embargo no es así, veamos: ¿a partir de qué momento se entiende que un ser humano es concebido? Si nos atenemos a las prescripciones del código civil el problema no se resuelve, ya que éste no trata el problema en ningún apartado, no nos dice nada al respecto, solo da referencias de derechos adquiridos cuando se sabe que un ser humano está por nacer, por ejemplo el derecho a heredar, a recibir un nombre, etc. El problema de la determinación de la concepción aunque es jurídico para los efectos de establecer el momento a partir de cuando comienza la adquisición de derechos subjetivos, tiene implicaciones de todo tipo, incluso morales ya que en el foro de las discusiones se plantea de que el ser humano es tal desde el momento en que el esperma fecunda al óvulo, otros sostienen que la concepción se da cuando el ser reúne todas las características humanas conocidas. El problema es moral en razón de que se trata de un problema de vida y muerte. Porque no sería sano ni ético cortar el desarrollo de un feto o proyecto de ser humano en sus primeras semanas o días de gestación en aras de una libertad personal, como lo es en el caso de la determinación de los hijos que se desean y que es una garantía individual establecida en la constitución federal. Al respecto el artículo 4, segundo párrafo del código fundamental establece:

“Toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.

Es obvio que este párrafo del artículo 4 constitucional se refiere a la libertad individual y de pareja siempre que no se viole el orden jurídico establecido. Es decir, la decisión sobre el número de hijos, que puede ser no tenerlos, pesa sobre la persona en este caso la mujer o en su caso la pareja, pero esa decisión deberá estar bajo el fundamento previo del conocimiento de las reglas jurídicas que operen en ese momento.

Así el caso del aborto se convierte en principal. Como todos sabemos el aborto es un delito y sólo en casos especiales señalados en el código penal está permitido. La ley bajo una concepción moral determinada procura la supervivencia de la especie y castiga a quienes interrumpen dicho ciclo sin fundamento alguno.

Pero volvemos al punto principal. La persona humana es el punto principal, el vértice del Derecho, sin ella no es posible el desarrollo social y es indispensable que la ley sea una expresión depurada de los derechos de ella. La cuestión del ciclo de interrupción de la gestación es de gran importancia y es urgente resolverlo sin que se menoscabe ni la libertad consagrada en la constitución ni el derecho de vivir del ser ya gestado, para llegar a este punto hace falta mayor discusión del problema.

4. Clasificación de las personas jurídicas

El código civil de Guerrero en su Libro Primero, Capítulo Primero y Segundo señala que las personas jurídicas pueden ser:

a) Físicas, y
b) Morales.

Las personas físicas o naturales –concepción ésta última extraída del iusnaturalismo- ya las definimos cuando se citó el artículo 25 de código y se ha hecho alusión a ella en todo el texto. Sin embargo hay que decir que la o las personas físicas tienen un cúmulo de derechos y deberes.









[1] Diccionario de Sociología. Pratt Fairchild, Henry, Editor. Fondo de Cultura Económica, Décima reimpresión de la primera edición, México, 1984
[2] Abbagnano, Nicola. Diccionario de Filosofía. Editorial Fondo de Cultura Económica, segunda edición en español, décima reimpresión, México, 1995.
[3] Íbidem.
[4] Tamayo y Salmorán, Rolando. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VIII, UNAM, México, 1982, p. 97
[5] Burgoa, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. Editorial Porrúa SA, Tercera edición, México, 1992, p. 337
[6] Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Introducción, Personas y Familia. Editorial Porrúa SA, Tomo I, séptima edición, México, 1972, p. 75
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