lunes, 1 de julio de 2013

CONGRESO VERSUS PUEBLO

Los diputados, según el sistema democrático liberal, son los representantes del pueblo ante el Congreso, así es como se nos ha dicho hasta el cansancio. Pero, siempre hay un pero, esto no es necesariamente cierto. Me refiero a eso de que son “representantes”. En diversos foros he sostenido que la estructura del sistema liberal democrático y representativo, no lo es tanto, ya que no existe ninguna obligación por parte del representante para obedecer las instrucciones del representado, el único nexo que los une para efectos de responsabilidad es la ley, es decir, las facultades y atribuciones que el representante tiene necesariamente que acatar porque así lo dispone la ley –entiéndase la constitución y sus leyes reglamentarias-.

En términos más claros, el pueblo es el representado y los diputados son los representantes, quienes logran tal categoría en razón de una elección que los valida. Pero las leyes no obligan a que estos hagan o tomen las decisiones que aquellos quieran que tomen. No hay un mandato obligatorio. Los diputados son “libres” de actuar y de tomar las decisiones que consideren oportunas salvo las obligaciones que por ley tienen que ejecutar y cumplir. En tal sentido el sistema no es totalmente representativo al no existir esa ligazón obligatoria entre los diputados –que es el caso- y los ciudadanos.

¿A qué viene todo esto? A que existen obligaciones ineludibles por parte de los representantes populares, que no pueden ser renunciables y que, deben ser ejecutadas con la mayor responsabilidad, tal es el caso, entre otras, de la facultad de revisar la cuenta pública anual del Estado. Los representantes si en verdad quieren el rescate de tal categoría que aquí se pone en duda, deben actuar en la revisión de esa cuenta, de manera escrupulosa, ya que en ellos recae la única posibilidad que tiene el pueblo para revisar los dineros que gastan los demás poderes Estatales. Si el Congreso, en este caso el del Estado de Guerrero, opta por no hacer el análisis de dicha cuenta pública corre el riesgo de convertirse en cómplice del mal uso que se haya hecho y, en consecuencia, es también corresponsable de graves violaciones a la constitución del Estado.

Recientemente en la prensa específicamente en el periódico El Sur, aparece una nota en la cual refiere que la cuenta pública anual del año pasado (2012) fue aprobada sin ningún análisis por los miembros de todos los partidos políticos. Que se cabildeó para que así fuese, que el dictamen no fue revisado tal y como lo ordena la ley y que, los señores y señoras diputados lo aprobaron así, sin revisarlo, sin comprobar si esa cuenta pública correspondía a lo que ellos mismos habían aprobado para el gasto gubernamental para ese año. Dos días después de aparecida esa nota, en el mismo diario se entrevista al diputado presidente de la comisión de gobernación del Congreso quien dijo que en efecto, se había aprobado la cuenta sin revisarse, en una sola sesión, porque había treinta diputados que habían pedido permiso para asistir a diversas clausuras.

O sea, para el diputado en cuestión son más importantes las clausuras de cursos de los alumnos de primaria o secundaria que la revisión de la cuenta pública; es más importante que los diputados asistan a esos eventos que verificar si algún funcionario abusó, hizo mal uso, gastó de más o lo hizo en rubros no aprobados; es más importante el tamal que se comerá con sus votantes que el cuidado de los dineros del pueblo, sí, del pueblo, porque justamente con nuestros impuestos se cubre el presupuesto y merecemos los ciudadanos que ese dinero se gaste con responsabilidad y honestidad, que se revise peso a peso y se consideren las inconsistencias para delimitar responsabilidades. Pero no, al parecer esto no fue posible, no es de vital importancia en Guerrero el cuidado del dinero público. ¿Qué interés tienen los diputados para aprobar una cuenta pública sin revisarla tal y como es su obligación? No lo sé, puedo suponer varios escenarios, pero les aseguro que ninguno es lícito ni moralmente aceptable.


Un gobierno que se respete –sobre todo uno que se dice de izquierda-, debe ser respetuoso de la ley las formas que dan contenido al Estado de Derecho y a la democracia; contrariamente en lugar de gobierno lo que ha hecho el Congreso es actuar como una banda de delincuentes.
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